Juzgado de Garantía de Copiapó solicita a subsecretario de Justicia concreción de Tribunal de Tratamiento de Drogas

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El juez presidente del Juzgado de Garantía de Copiapó, Paulo Muñoz Pedemonte -en su calidad de representante del Poder Judicial en la Mesa Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal- solicitó al subsecretario del Justicia Sebastián Valenzuela la implementación del programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas en Atacama.

En el contexto de una visita a la sala de toma de declaraciones de Niños, Niñas y Adolescentes, el magistrado Muñoz –acompañado por el administrador del tribunal Mario Pincheira- mostró al subsecretario Valenzuela las dependencias que el Juzgado de Garantía pone a disposición para que se pueda funcionar el programa.

“Se solicitó al señor subsecretario que se dispusieran fondos para dar inicio al programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas en la Región, siendo Atacama una de las pocas regiones que no cuenta con dicho programa a nivel país, lo que se ha venido solicitando sostenidamente en las Mesa de Coordinación Regional, sin resultado a la fecha”, dijo.

En ese sentido, el magistrado Muñoz recordó que dicho programa tiene por objeto entregar a los usuarios del sistema penal -que tienen un menor compromiso delictual, ya sean adultos o jóvenes, y que tengan un consumo problemático de alcohol y/o drogas- la posibilidad de participar de un programa de rehabilitación, en el contexto del sistema penal, ampliando la escasa oferta de rehabilitación que existe en la región.

“El Juzgado de Garantía comprometió facilitar los medios materiales para la ejecución del proyecto, estando a la espera que la gestión que deben concretar el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y la Subsecretaría de Justicia para el inicio del proyecto”, expresó.

En el encuentro, en el que también participó la seremi de Justicia y Derechos Humanos Margarita Contreras, el subsecretario Valenzuela se comprometió a efectuar los enlaces con las autoridades correspondientes para buscar los recursos que permitan echar a andar el programa, en el entendido que es una buena herramienta para buscar rehabilitar a personas con consumo problemático y que se encuentran en el sistema penal.