Comisión investigadora Enami recibió a exvicepresidente ejecutivo de la estatal

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El grupo parlamentario escuchó a Jaime Pérez de Arce, quien expuso acerca del complejo momento económico por la que atraviesa la Empresa Nacional de Minería.
La Comisión Especial Investigadora 31 encargada de indagar sobre la administración y estados financieros de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), recibió al ex vicepresidente ejecutivo de la estatal, Jaime Pérez de Arce. El personero entregó su testimonio sobre la realidad por la que atraviesa la empresa.

Recordó que la existencia de la pequeña minería en Chile no es posible sin la Enami. Al respecto, afirmó que la empresa permite mantener las faenas mineras de menor ley a lo largo del país. Destacó la importancia de su rol social y económico, relevante a la hora de preservar su continuidad. Pérez de Arce señaló que para que la Enami pueda trabajar correctamente, debe disponer de un complejo que sea eficiente y moderno. Lo anterior porque el secreto de quien refina es disponer de un complejo con costos mínimos, para que la operación sea rentable.

En ese marco explicó que el complejo Paipote está obsoleto ambiental, económico y tecnológicamente. Señaló que en 2019 debió iniciarse la construcción de una nueva fundición que entrara en operación el año pasado. Con ello, la Enami no tendría la situación que hoy día tiene; sin embargo, en su oportunidad ese proyecto se detuvo.

El personero recalcó que la refinería está obsoleta y es ineficiente por deficiencias técnicas. Lo mismo pasa con los planteles productivos que se construyeron a principios de los 2 mil. Explicó que la ley de los minerales es mucho más baja que la que existía hace 20 años atrás. Por lo tanto, además de construir una nueva fundición se debe modernizar los planteles productivos para optimizar su tratamiento.

“Si las condiciones son obsoletas, el modelo de la empresa no tiene como sostenerse”
Pérez de Arce explicó que el problema de fondo, más allá de que se pudieron haber tomado malas decisiones o que pudo haber existido algunas irregularidades que dieron pie a la conformación de la comisión investigadora, es que la Enami por obsolescencia, dejó de cumplir su función de manera eficiente.

“Mientras ese tema no se resuelva es muy difícil que Enami pueda salir de esta situación porque su problema principal es de estructura. El negocio de la empresa es la metalurgia; si las condiciones son obsoletas, el modelo de la empresa no tiene como sostenerse en el largo plazo” precisó.

Asimismo, dio cuenta del maltrato que esta ha tenido de parte del Estado. Indicó que se trata de la única empresa estatal que no ha sido nunca objeto de capitalización. “Su dueño no solo nunca ha invertido, sino que además la ha descapitalizado… en 1999 se le retiraron 160 millones de dólares por concepto de utilidades anticipadas”, explicó.

Señaló que en 2003 se promulgó el Decreto Supremo 76, que establece cual es el fomento que hace Enami a los pequeños y medianos mineros, cuáles son los instrumentos de fomento y cuanto le cuesta al estado hacer esa tarea.

“Ese año esos recursos eran 8 millones de dólares; han pasado 20 años y siguen siendo 8 millones de dólares que no han sido ni siquiera reajustados por IPC. A ello se agrega que en ese tiempo eran cerca de 400 productores los apoyados por la estatal; hoy son cerca de mil”.

En virtud de lo anterior precisó que si los actores económicos y políticos alcanzan un consenso en materia de modernización y apoyo a Enami se entraría en un proceso virtuoso. “Si ello se produce, la rentabilidad económica y social dará números extremadamente positivos”.

Al respecto, las consultas y aportes de las y los diputados apuntaron a la necesidad de modernizar la estatal y de lograr los acuerdos necesarios respecto de las características y ubicación de los proyectos que se impulsen. Ello de la mano con la fiscalización necesaria que cautele el buen uso de los recursos públicos.

La Comisión Investigadora Enami, que concluirá su labor en enero, deberá determinar eventuales adulteraciones de información e irregularidades en su gestión. Asimismo, tiene como objeto fiscalizar los actos de los órganos competentes, relacionados con su funcionamiento.